SUCESOS Y COMENTARIOS

Por Enrique Tejeda Cruz
EL COMBATE CONTRA LA CORRUPCION ES FIRME.

Sin embargo, la mayoría de ciudadanos tienen la idea de que la bandera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de luchar en contra de la corrupción tiene que verse respaldada por actores que deban mostrar que el combate contra la corrupción  y la impunidad es firme.

Por su parte el analista político Silva Herzog, cree que no puede ser simplemente pensando que todo el pasado ha sido cancelado por la nueva administración por esta idea que ha planteado el presidente de la República, de que no debe haber actuaciones en contra de los expresidentes a menos de que una consulta popular los respalde.
Opina además que se requiere de una serie de acciones propiamente institucionales que eviten que haya estas acciones de corrupción y que es ahí es donde a su punto de vista, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue dejando mucho a deber.

Comenta lo anterior al analista político, porque en este periodo en el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha ejercido ya el poder, no hay indicación alguna de que, en términos institucionales, por ejemplo, las compras, en los concursos públicos no exista un compromiso pleno institucional para evitar que los casos de corrupción se multipliquen.

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su oportunidad, reiteró su planteamiento de realizar una consulta ciudadana para definir si se juzga o no a expresidentes y, aunque su postura negativa, señaló que respetaría el resultado final. Sosteniendo además que uno de los objetivos es que no se vea como una venganza.

Es una situación  no corresponde el fallo de la consulta ciudadana pues por mandato de ley le corresponde al poder judicial en consecuencia, resolver lo que al estado de derecho proceda.

Sin embargo, con de detención de Emilio Lozoya y se extradición de España a nuestro país, hay otra alternativa con la cual se da la oportunidad para acabar con la corrupción o por lo menos como lo pide el presidente López Obrador “desterrar la corrupción si no de manera definitiva, sí de alejarla por mucho tiempo de la vida pública”.

Con los acontecimientos de las últimas semanas quedó de manifiesto que la corrupción es claramente uno de los grandes males que caracterizan a nuestro país y es una de las características estructurales del sistema político mexicano.

En relación a ello el doctor y reconocido analista político Luis Rubio, califica y coloca a la corrupción y a la impunidad perjudicial para el estado mexicano y se hace preciso indicó reflexionar de manera profunda sobre el caso de Emilio “L” y los vídeos que son una oportunidad única y extraordinaria para erradicar y acabar por completo con la corrupción de una vez por todas.

Detallando que para poder erradicar la corrupción es necesario un procedimiento estrictamente apegado a los conceptos básicos de justicia, derecho y procedimientos penales, lo que en la abogacía se llama el ‘debido proceso’.

Destacando que, además, la información obtenida durante el proceso de justicia no debe ser utilizada con fines políticos, sino para perseguir a quien ha incurrido en delitos de corrupción.

Así debe buscarse la aplicación de la justicia dice Luis Rubio, pero “Si lo que vamos a seguir viendo es un uso político, como con los vídeos que el presidente exhibe en su mañanera”, o si vamos a seguir viendo que se ataca en los periódicos a personas específicas sin una prueba contundente, lo que estamos viendo es un proceso político que es otra característica de nuestro sistema.

Esto es “usar la justicia para fines políticos o usar la política para fines de justicia”. En el caso de Emilio L y los vídeos, el experto señala que si se quiere acabar con la corrupción entonces no se puede hacer uso político del contenido de la denuncia y declaración ante la autoridad correspondiente.

Y cree que en caso de que sí sea utilizado de esa forma, entonces se trata de “política orientada a las elecciones del 2021“. Doctor Luis Rubio.

Como decía en la colaboración anterior muchas personas están a favor de que se proceda en consecuencia que se den a conocer los videos. Sin embargo, otra gran mayoría de la población, no lo está por considerar que dicha acción atenta contra el estado de derecho.

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