SUCESOS Y COMENTARIOS

Por: Enrique Tejeda Cruz

LA UIF AL FILO DE LO INCONSTITUCIONAL

Sebastián Incháustegui, abogado egresado de la Universidad Panamericana; ha tenido a través de los medios una serie de comentarios relacionados con el actuar de la Unidad de Inteligencia Financiera, en las investigaciones encomendadas por el Ejecutivo federal López Obrador, este organismo ha rebasado de manera muy continua a la Fiscalía General de la Republica con esas investigaciones  y como resultado ha toma decisiones sin sustentarlas jurídicamente correspondiendo por Ley a la FGR en función de Ministerio Publico.

Incluso Sebastián Incháustegui, estudioso muy a fondo de las leyes y sobre todo de su interpretación ha participado en distintos litigios en contra de la Unidad de Inteligencia Financiera la cual considera que su proceder es inconstitucional y detalla con fundamento apegados a nuestra carta magna sus comentarios.

Repetir una mentira mil veces, no la convierte en verdad. De igual manera, repetir mil veces un acto inconstitucional mil veces, no lo vuelve constitucional. Cuando parece existir un particular desdén por el Estado de derecho y el respeto a la legalidad en la administración pública federal, no sorprende que uno de sus principales operadores, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), actúe constantemente en el filo de la inconstitucionalidad. Por lo menos, en lo que al delicado tema de bloqueo de cuentas respecta.

En efecto, desde los primeros días de la nueva administración, el titular de la UIF, Santiago Nieto, se convirtió en una de las caras protagónicas de la nueva administración federal. El ex fiscal electoral, que tuvo aspiraciones de fiscal general, es un personaje recurrente en las conferencias matutinas. Cuando acude, es con un tono de victoria que anuncia el congelamiento de cuentas de ciertas personas. Desde miembros de la oposición política, hasta productores de documentales que “dañaban” la imagen del presidente; pasando por abogados, equipos de fútbol, universidades, panaderías, ministros de la Suprema Corte y, recientemente, personas relacionadas con carteles del narcotráfico.  Además, cada uno de estos sujetos han sido sujetos a la exposición mediática de la UIF.

¿Cuál es el problema? El ejercicio de las facultades de congelamiento de cuentas por parte de la UIF es, por regla general, inconstitucional. Así lo determinó la segunda sala de la Suprema Corte en su jurisprudencia número 2a./J. 46 /2018 (10a.).  Esta sala resolvió que el ejercicio de las facultades para bloquear cuentas, que la Ley de Instituciones de Crédito dota a la UIF, es contrario al orden constitucional.

Sebastián también detalla que la razón por la cual la Corte no determinó la invalidez de la norma por vicios de constitucionalidad “se debió a que, por medio de una interpretación conforme, estableció el ejercicio válido de dicha facultad solamente en un supuesto de excepción muy específico y acotado: el cumplimiento de compromisos internacionales por parte del Estado”. El problema es que son muy pocos los casos donde la UIF bloquea cuentas debido a dicho supuesto.

El bloqueo de cuentas esconde un problema de constitucionalidad y de derechos humanos. La propia primera sala de la Suprema Corte ha resuelto que el ejercicio de dicha facultad constituye una invasión a la esfera competencial del ministerio público.  Incluso el propio Fiscal General de la República ha hecho un llamado para desincentivar estas prácticas que, según dice: “violan el debido proceso”, generan inseguridad jurídica, y dan pie para ignorar el principio de presunción de inocencia.

Al ser incluido en la lista, a que se refiere artículo 115 de la Ley de Instituciones Crédito, una persona es completamente privada de acceder o disponer de su dinero, de abrir nuevas cuentas y, en resumen, de poder pagar sus deudas. La decisión es enteramente discrecional para la UIF. Se trata de un proceso regulado en una normatividad administrativa secundaria, evidentemente no hay un juez de control que revise la legalidad del acuerdo (no se prevé un recurso ante sede administrativa tampoco). En un Estado en donde no se admite la pena de muerte, después de la libertad, los recursos y viabilidad económica de una persona resultan uno de los bienes jurídicos de mayor trascendencia contra los que el Estado puede legítimamente atentar.
Además, la legislación y normatividad que regula las referidas facultades es deficiente, por decir lo menos. No establece una temporalidad máxima para la medida, no es clara en los supuestos de inclusión, no establece un recurso para controvertirla,  ni un mínimo estándar probatorio para incluir a una persona en la lista de personas bloqueadas. En contraste, para realizar un aseguramiento de cuentas dentro de un proceso penal, todos los anteriores requisitos sí se encuentran delimitados en ley. Incluso el pleno de la Suprema Corte invalidó la porción normativa que permitía al ministerio público realizar discrecionalmente el aseguramiento de cuentas sin control judicial.

La generalidad de los asuntos donde la UIF bloquea cuentas, por lo menos aquellos que han obtenido mayor exposición mediática, son asuntos que tienen un origen y contexto nacional. Sin embargo, la UIF ha maquinado distintos argumentos para tratar de encuadrar cualquier caso dentro de la excepción establecida por la segunda sala de la Corte. Es decir, convertir la excepción en regla general.

En primer lugar, la UIF argumenta que el Estado mexicano tiene una obligación internacional en sentido amplio contra el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero, toda vez que México es parte de la Grupo de Acción Financiera Internacional (AFI). Asimismo, suele referir a la Convención de Mérida y a la Convención de Palermo para sustentar dicha obligación. Si bien todo ello es cierto, ninguno de los documentos justifica el bloqueo de cuentas de una persona en los términos que estableció la Suprema Corte mexicana. Las recomendaciones de la GAFI no son vinculantes para el Estado mexicano y las referidas Convenciones contienen obligaciones esencialmente de carácter materialmente legislativo y operativo para los países suscritos.
¿Por qué insistir, entonces, en el uso de facultades inconstitucionales? Para entender este fenómeno, es relevante destacar la oposición que tuvo el ahora presidente López Obrador respecto de las leyes y reformas que dieron lugar a la Fiscalía General de la República. En su momento, Morena manifestó disgusto con la independencia y autonomía que se pretendía dar al Fiscal General. Hoy vemos a una FGR que, por lo menos mediáticamente, se encuentra detrás de la Unidad de Inteligencia Financiera. No es sorpresa escuchar en las conferencias mañaneras al presidente López Obrador referir investigaciones de la UIF como si fuesen equivalentes a investigaciones penales

¿Por qué insistir, entonces, en el uso de facultades inconstitucionales? Para entender este fenómeno, es relevante destacar la oposición que tuvo el ahora presidente López Obrador respecto de las leyes y reformas que dieron lugar a la Fiscalía General de la República. En su momento, Morena manifestó disgusto con la independencia y autonomía que se pretendía dar al Fiscal General. Hoy vemos a una FGR que, por lo menos mediáticamente, se encuentra detrás de la Unidad de Inteligencia Financiera. No es sorpresa escuchar en las conferencias mañaneras al presidente López Obrador referir investigaciones de la UIF como si fuesen equivalentes a investigaciones penales

Sin duda la labor que realiza la UIF como guardián del sistema financiero, es de absoluta importancia. Sin embargo, en un Estado de derecho, el único actor apto para realizar las funciones de ministerio público es la propia Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Ignorar esa sencilla pero importante premisa, de manera sistemática y estructural, genera un terreno lodoso de inseguridad y potencial abuso de derechos humanos, en donde quienes corren el mayor riesgo son los gobernados.

La verdad ante los fundamentos de Ley y los detalles expuestos por Sebastián Incháustegui, no nos sorprende la acción contraria al estado de derecho de parte de la autoridad, existen otras muchas situaciones en diferentes rubros que se vienen padeciendo y que una gran cantidad de ciudadanos no están de acuerdo y tampoco conformes.

Al corte de este jueves 18 de junio suman ya 19,747 decesos por Covid-19 en México, 165,455 casos confirmados  con 23,528 activos y 59,778 sospechosos. Cifras actualizadas por la Secretaria de Salud Federal presentadas en la conferencia vespertina.

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