SUCESOS Y COMENTARIOS

Enrique Tejeda Cruz

INICIATIVA PRIVADA LAMENTA DECISIÓN DE LA CORTE

La Confederación Patronal de la República Mexicana señaló lo que ya con anterioridad doctores en derecho y analistas experimentados, expresaron: que el cumplimiento de la ley no debe estar sujeto a consulta popular y tienen la razón, sin embargo, de nada sirvió el proyecto del ministro Luis María Aguilar quien consideró “un concierto de inconstitucionalidades” la solicitud de consulta popular del presidente López Obrador para enjuiciar a sus antecesores.

En todo su proyecto, el ministro Aguilar Morales enfatiza que cuando alguien tiene conocimiento de la posible comisión de un delito, su obligación es denunciarlo ante las autoridades correspondientes. La posibilidad de que las autoridades investiguen a los ex presidentes por posibles ilícitos es una materia prohibida para someterlo a consulta.

El ministro explica que la Constitución establece temas prohibidos para someterse a consulta porque, por su naturaleza, no son optativos, sino que se deben respetar por todas las personas y protegerse por todas las autoridades. Indicando que la ciudadanía no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública, la participación ciudadana tiene otros medios de interacción en esa dimensión, a ella compete obligadamente denunciar los hechos delictivos de los que tengan noticia y coadyuvar, en su caso, con las instituciones del Estado.

Es precisamente por ello manifestó el ministro Luis María Aguilar que el objeto de la consulta popular que se solicita, se considera inconstitucional, pues someter a consulta si la mayoría está de acuerdo o no en que las autoridades competentes investiguen, persigan y sancionen los delitos que pudieran ser cometidos por los expresidentes de la República, implica sujetar a la condición o elección de una porción de la población, cualquiera que sea su número, si las autoridades deben cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos humanos”, señala el ministro.

Más claro ni el agua para que la solicitud de la consulta no se llevara a cabo. Por este motivo, se  escucha en los corrillos políticos que la figura y la voz  del presidente Andrés Manuel López Obrador, pesa demasiado y en estos tiempo de procesos electorales mucho más, baste recordar la cantidad de diputados federales del partido de moda y en el poder, que quieren la bendición de tata Andrés para buscar las gubernaturas de sus estados y para no correr riesgos o inconformidad del jefe votaron a favor de la iniciativa de extensión de los fideicomisos el pasado martes y que hoy jueves seguramente ratificaran.
Y que podemos pensar en relación a los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que buscaron la forma der aprobar la consulta dejando de lado el trabajo profesional del ministro Luis María Aguilar. Será que tomaron muy en cuenta la amenaza que en la mañanera fue lanzada por el presidente López Obrador diciendo que, “Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional la consulta popular para enjuiciar a ex mandatarios, enviará una iniciativa de reforma para modificar el artículo 35 que al parecer solo es letra muerta”. Seria eso lo que apanicó a los ministros. Usted que cree, ¿qué es válida la consulta o fue la amenaza de reforma al artículo 35?

En fin, allá ellos, este es el complemento de la lamentación en relación a lo sucedido con los ministros de la Corte de La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quienes lamentan la decisión de los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la petición realizada por el Presidente de la República referente a la investigación y enjuiciamiento de actores políticos, por lo que afirmó lo mismo que todos, que, el cumplimiento de la ley no debe estar sujeto a consulta popular.

En un comunicado, el organismo que dirige Gustavo de Hoyos señaló que el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, que proponía declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, resultaba apegado a los derechos que consagra la Constitución

Exponiendo que una decisión como esta también implica una violación del artículo 13 Constitucional relativo a los llamados tribunales especiales, así como al principio del proceso penal. “La consulta es contraria a lo previsto en el artículo 35, fracción VIII inciso 3 de la Constitución, inherente a la violación de los derechos de las víctimas y los indiciados, y vulnera la convención de naciones unidas en materia de combate a la corrupción”, destacó Gustavo de Hoyos.

También expresó que, en congruencia con nuestra posición irreductible de fortalecimiento del estado de derecho, respetamos la decisión adoptada por el máximo tribunal del País. Sin embargo, disentimos del criterio adoptado por la mayoría de los Ministros del Pleno de la SCJN.

El dardo esta puesto y no hay quien lo quite.  ¿Cómo la ve?
 
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