ASF perdonó a Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, desvíos por 685 millones de pesos cuando López Obrador era presidente electo

*La polémica resurgió debido a unos videos en los que un operador político del estado de Chiapas, le entrega dinero al hermano del actual presidente, para la campaña electoral de 2018.

INFOBAE

En 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le perdonó al exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, un desvío de más de 685 millones de pesos que hubo durante su administración de la entidad.
El polémico hecho ha vuelto a resurgir a raíz de la publicación de una serie de videos en los que David León Romero, entonces operador político del estado de Chiapas, le entrega paquetes con dinero a Pío Lopez Obrador, hermano del actual presidente de México.
Los videos fueron grabados en 2015, y en ellos parece insinuarse que el dinero estaba destinado al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador para 2018.
David León Romero, fue asesor de comunicación social de Manuel Velasco Coello, cuando éste fue gobernador del estado de Chiapas (2012-2018). En ese cargo fue responsable del cuidado de la imagen del político y de la relación con los medios, tanto en la Ciudad de México como en la propia entidad.
Luego de que Andrés Manuel ganara las elecciones presidenciales de 2018, y a unas pocas semanas de que asumiera como presidente de México, la ASF dio carpetazo a la investigación sobre las irregularidades fiscales del gobierno chiapaneco. En sólo dos días se resolvió una investigación que llevaba meses en las oficinas de la Auditoría, y en octubre de ese año se determinó que las irregularidades quedaban solventadas.
Cabe destacar que esta operación exprés sucedió el mismo día en que la senadora panista Xóchitl Gálvez estaba por presentar a la cámara de senadores un punto de acuerdo en el que solicitaba que Manuel Velasco aclarara lo qué había sucedido con el dinero aparentemente desviado.
Los presuntos desvíos corresponden a un presupuesto del Programa Bienestar de Corazón a Corazón en 2016, de la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer en Chiapas, que tenía como objetivo empoderar a las madres solteras chiapanecas de bajos recursos a través de la entrega de monederos electrónicos, inscripciones al seguro popular, y clases de diversas actividades como cocina y peluquería.
Sin embargo, la dependencia realizó en cambio adjudicaciones directas a 26 empresas para adquirir productos y servicios para eventos masivos, bajo el estatuto de “Necesidad urgente”. Fiestas que se realizarían de manera mensual en diferentes municipios de la entidad, por un monto total de contrataciones de 685 mil 869 millones de pesos.
Bajo la dirección de Juan Manuel Portal, la ASF descubrió que del total de compañías contratadas 16 eran falsas. Sus domicilios registrados correspondían a inmuebles abandonados, casas particulares o no llegaban a ningún lugar. El gobierno de Chiapas envió documentos para comprobar que el dinero se había gastado efectivamente en los eventos registrados, pero en aquel momento el organismo de fiscalizac
La investigación continuó hasta que en 2018 cambió la administración de la dependencia. En marzo de ese año David Rogelio Colmenares Páramo fue seleccionado por el Congreso como nuevo director de la Auditoría Superior de la Federación.
Con Rogelio Colmenares la investigación quedó vigente pero en pausa, hasta que en el mes de octubre del 2018 la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República empezó a considerar la posibilidad de solicitar a Manuel Velasco, quien estaba por terminar su periodo como gobernador de Chiapas, a que se presentara ante la Cámara para declarar al respecto.
Cuando la ASF solicitó el análisis de las irregularidades en 2018, el gobierno de Chiapas envió carpetas con los mismos documentos que habían enviado anteriormente para comprobar el gasto efectivo de los recursos. En esta ocasión, la institución determinó que eran contundentes para solventar las acusaciones de desvíos de dinero, aunque la anterior administración del organismo fiscalizador había considerado apenas ocho meses antes que esa misma documentación era insuficiente y no válida.
Las anomalías en la decisión de la ASF quedaron constatadas en una investigación de Animal Político publicada en julio de 2019.