Advierten riesgo de corrupción ante Covid-19

Cd. de México (20 mayo 2020).- Los poderes excepcionales que el Gobierno federal y los estatales han asumido para dar respuesta a la pandemia provocada por el Covid-19 genera riesgos de corrupción en las compras pública, advirtió el Lawyers Council for Civil and Economic Rights (Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos).

La agrupación con sede en Nueva York emitió el reporte titulado “Corrupción en tiempos de Covid-19: una perspectiva regional sobre contrataciones públicas”, en el que señala que este riesgo además existe para el resto de países latinoamericanos.

“Lamentablemente, los poderes excepcionales o de emergencia destinados a acelerar la respuesta a la crisis, incluyendo los servicios de salud, el auxilio económico y otras necesidades críticas también han abierto espacios de abuso que tienen el potencial de afectar la lucha contra la corrupción”, indicó la agrupación.

En 12 de los 14 países analizados, señaló, ya se han registrado denuncias por casos de corrupción relacionados con las compras efectuadas durante la emergencia provocada por la pandemia.

En el caso de México, refirió la compra a sobreprecio de 20 ventiladores que intentó realizar la delegación del IMSS en Hidalgo a la empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

“En México, el Decreto Presidencial publicado el 27 de marzo de 2020 establece las facultades de emergencia bajo las que trabajará el Ejecutivo Federal durante la pandemia de Covid-19. Esta orden ejecutiva permite la adquisición por la Secretaría de Salud de todo tipo de bienes y servicios para luchar contra el Covid-19 sin llevar a cabo un proceso de licitación pública”, señaló.

Entrevistado vía telefónica, Jaime Chávez Alor, quien fungió como coordinador del análisis, indicó que estos poderes excepcionales para actuar ante la pandemia han provocado que los Gobiernos estatales y el federal usen las adjudicaciones directas y no las licitaciones públicas para adquirir los equipos, materiales e insumos que se requieren.

“Una adjudicación directa abre muchas oportunidades para riesgos de corrupción porque es asignar el contrato a un ente, una empresa o una persona física sin mayor comparación y creo que los ejemplos ahí están, cuando se hacen asignaciones directas comienzan las alegaciones de los sobreprecios, que si se vendieron estos respiradores a un precio mucho mayor y particularmente en este contexto de la pandemia”, indicó.

Realizar procedimientos de compra expeditos, consideró, no significa que los Gobiernos no deban acatar las disposiciones legales en materia de transparencia y anticorrupción.

“Si bien es cierto que el Gobierno tiene que reaccionar rápido y no se puede tardar meses en hacer una licitación, se corre el riesgo de hacer estas asignaciones directas y si bien se quiere que el Gobierno pueda responder rápido eso no quiere decir que no se deban observar los mecanismos de prevención de corrupción y transparencia para dar a conocer estos contratos.

“Que se sepa si hubo un sobreprecio, que se sepa a quién se le asignó, que las organizaciones de la sociedad civil y prensa puedan darse cuenta si había un conflicto de interés”, señaló.